miércoles, agosto 28, 2013

A propósito de "La gran degeneración"

Estas líneas son motivadas por lo expuesto por el historiador británico Niall Ferguson en el libro "The Great Degeneration: How Institutions Decay and Economies Die" (La gran degeneración).

Colombia está empeñada en disponer, mantener y mejorar las condiciones para instaurar un imperio de leguleyos. Se fortalece cada vez más un sistema judicial preocupado por la auto-conservación, pareciera que el principio racional de toda esa locura fuese: la ley al servicio de la ley. Nociones de justicia, progreso, igualdad y similares se abandonan a su propia suerte; es como si cada ciudadano debiera procurarse lo que mejor pueda, pues los legisladores hacen leyes que cada vez se ocupan menos de los intereses de la persona, de su vida.

Preocupa sobremanera ver como algunos de nuestros legisladores y gobernantes ven en la producción en masa de leyes el camino al progreso, la prosperidad, la justicia y la felicidad.  Se nos olvida cuán básico y primordial es el imperio de la ley para el progreso y evolución de una sociedad.

Los paquidérmicos estados occidentales, en general, presentan similares cuadros de enfermedad al que observamos en Colombia: naciones que no abandonan la sesgada e ilusa opinión de su propia superioridad. Ello pese a que, particularmente en Colombia, el modelo económico muestra y demuestra una y otra vez desgastes que lo hacen insostenible, las instituciones evidentemente son incapaces de lograr los propósitos de su naturaleza y razón de ser, corrupción generalizada, impunidad como regla, una sociedad con inequidades abrumadoras, pobreza, injusticia, inseguridad… aún así felices por ser calificados -por hipócritas y aduladores- como "economía emergente".

Ese modelo de neo-esclavitud se conserva gracias a la inocultable verdad de que se hacen excesivas regulaciones a la medida de intereses particulares, salvaguardando y protegiendo a esos pocos, con la feliz connivencia y beneplácito de las rancias cofradías de gobernantes, promotores de Estados Estacionarios que eternizan la disminución constante de la calidad de vida de la sociedad. Las élites económicas continuamente toman acciones y hacen leyes impidiendo el surgimiento de emprendedores en entornos de sana competencia y acceso a los recursos; por el contrario, buscan y necesitan para salvaguardar su poder la pérdida de calidad y el deterioro del funcionamiento eficaz y eficiente de las instituciones, desaniman de diversas maneras la participación de la sociedad civil, de los de a pie.

Estados que se agigantan desproporcionadamente, donde se hace regla general e innegable cuestiones como: el patrocinio de la producción constante de normas (justificados en necesidades proclamadas por los intereses de unos pocos, lo que a su vez da argumentos a la creación de divisiones gubernamentales y agencias del estado especializadas y especializadísimas verticalmente); la toma de decisiones discrecionales, inconsultas y contrarias a los deseos y necesidades de las comunidades menos favorecidas; el acomodamiento de normas cuyo propósito es otorgar tratamientos diferenciados a personas iguales motivados por razones políticas o económicas; complejidad, altos costos y dificultades de acceso a los servicios judiciales para la protección de los derechos.

Se pregunta uno: ¿por qué no se toman acciones para evitar esa grave degeneración de los sistemas judiciales que, ciertamente, conduce a una enorme debilidad institucional?.

El tema está revisado y ampliamente documentado por reconocidos juristas como el británico Tom Bingham, que ha indicado las condiciones a cumplir para que un sistema judicial propugne por el progreso:

1.    La ley debe ser accesible, clara y entendible.

2.    La aplicación de derechos debe basarse rigurosamente en la ley y no en interpretaciones discrecionales.

3.    La ley debe aplicarse a todos los ciudadanos en un plano de igualdad.

4.    Las responsabilidades asignadas a los funcionarios públicos deben ser aplicadas en aras del interés general sin abuso de autoridad.

5.    La ley debe garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales.

6.    Los procedimientos civiles para proteger derechos deben estar al alcance económico de los ciudadanos.

7.    Todos los procesos adjudicatorios del Estado deben ser justos y expeditos.